Ley de Segunda Oportunidad con deudas de Hacienda y Seguridad Social: qué se puede cancelar

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Tener deudas con Hacienda o con la Seguridad Social no impide, por sí solo, acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

Esta cuestión es especialmente relevante para autónomos, antiguos empresarios, administradores de sociedades y particulares que acumulan deudas tributarias o cotizaciones pendientes y que, en muchos casos, ya se encuentran sometidos a embargos, providencias de apremio o procedimientos de recaudación.

La dificultad está en otro punto: la deuda pública no recibe el mismo tratamiento que la deuda privada y no toda ella puede exonerarse en las mismas condiciones.

Además, conocer únicamente el importe total que aparece en un certificado de Hacienda o de la Seguridad Social no permite calcular correctamente cuánto podría cancelarse. Para hacerlo es necesario estudiar quién es el acreedor y cómo se compone la deuda: principal, intereses, recargos, sanciones y, en su caso, derivaciones de responsabilidad.

Las sentencias 260/2026 y 264/2026 del Tribunal Supremo, dictadas el 18 de febrero de 2026, han aportado importantes criterios interpretativos sobre el alcance de la exoneración del crédito público.

Si quieres conocer previamente cómo funciona el procedimiento en su conjunto, puedes consultar nuestra página sobre Ley de Segunda Oportunidad en Barcelona.

En esta guía explicamos cómo funciona la cancelación de deudas con la AEAT y la Seguridad Social dentro de un procedimiento de Segunda Oportunidad.

Importante: este contenido tiene carácter informativo. El resultado de cada procedimiento depende de la composición concreta de la deuda, de la situación patrimonial y económica del deudor y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Concursal.

¿Se pueden cancelar las deudas con Hacienda y la Seguridad Social?

Sí. La Ley de Segunda Oportunidad permite que determinadas deudas frente a organismos públicos puedan quedar total o parcialmente exoneradas.

Sin embargo, no existe una regla según la cual cualquier deuda con Hacienda o Seguridad Social pueda cancelarse íntegramente.

Para conocer el resultado real hay que estudiar, entre otras cuestiones:

• qué Administración reclama la deuda;
• qué importe corresponde al principal;
• qué cantidades son intereses o recargos;
• si existen sanciones;
• si hay una derivación de responsabilidad;
• cuál es la clasificación concursal de cada crédito;
• y si concurre alguna causa legal que pueda impedir la exoneración.

Por tanto, dos personas con exactamente el mismo importe total de deuda pública pueden obtener resultados muy diferentes.

¿Cuánto se puede cancelar de una deuda con Hacienda o Seguridad Social?

El artículo 489 de la Ley Concursal establece un régimen específico para determinados créditos de Derecho público.

En relación con los créditos públicos privilegiados y ordinarios, la regla general puede resumirse de la siguiente manera:

1. Los primeros 5.000 euros pueden quedar íntegramente exonerados.
2. Sobre la cantidad que exceda de esos 5.000 euros puede exonerarse el 50 %.
3. La exoneración obtenida mediante esta escala tiene un límite máximo de 10.000 euros por acreedor público.

Esto significa que el límite legal de 10.000 euros no quiere decir que una deuda de 10.000 euros se cancele íntegramente.

Ejemplos de cancelación de deuda pública

Estos ejemplos presuponen que toda la cantidad analizada tiene la consideración de crédito público privilegiado u ordinario.

El resultado podría ser diferente, e incluso más favorable, cuando una parte de la deuda esté integrada por créditos subordinados.

¿El límite se calcula conjuntamente para Hacienda y Seguridad Social?

No. Esta es una de las cuestiones más importantes a la hora de calcular la posible exoneración.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) son acreedores públicos diferentes.

Por este motivo, el cálculo debe realizarse separadamente frente a cada organismo.

Por ejemplo, si una persona tuviera:

• 10.000 euros de deuda privilegiada u ordinaria con la AEAT; y
• 10.000 euros de deuda privilegiada u ordinaria con la TGSS;

la exoneración orientativa podría ascender a 7.500 euros frente a Hacienda y otros 7.500 euros frente a Seguridad Social.

En este supuesto, la exoneración conjunta alcanzaría los 15.000 euros.

No obstante, el cálculo real siempre dependerá del importe y de la clasificación concreta de los créditos existentes frente a cada Administración.

Qué ha aclarado el Tribunal Supremo sobre la deuda pública

Las sentencias 260/2026 y 264/2026 del Tribunal Supremo han aclarado aspectos especialmente relevantes para la aplicación práctica de la Segunda Oportunidad.

El cálculo se realiza por cada acreedor público

Hacienda y la Seguridad Social no deben tratarse como una única masa de deuda a efectos de calcular la exoneración.

Los créditos públicos subordinados pueden recibir un tratamiento distinto

Los créditos que tengan la clasificación concursal de subordinados pueden quedar completamente exonerados cuando concurran los requisitos legales.

Las deudas deben identificarse correctamente

No basta con solicitar de manera genérica la cancelación de “todas las deudas”. La solicitud debe permitir determinar qué acreedor, qué concepto y qué importe quedan afectados por la petición de exoneración.

Esta identificación es especialmente importante cuando dentro de un mismo certificado administrativo aparecen distintas clases de deuda.

Principal, intereses, recargos y sanciones: por qué no se cancelan igual

Uno de los errores más habituales consiste en utilizar el importe global de la deuda pública para calcular cuánto puede cancelarse.

Para realizar una valoración correcta es necesario estudiar separadamente cada concepto.

Principal de impuestos y cotizaciones

El principal correspondiente a impuestos, cuotas o cotizaciones puede integrarse dentro de créditos privilegiados u ordinarios.

Cuando sea así, quedará sometido a los límites específicos previstos para el crédito público.

Intereses y recargos

Determinados intereses y recargos pueden tener la consideración de créditos subordinados.

Cuando reciben esta clasificación, su régimen de exoneración puede resultar más favorable que el aplicable al principal.

Sanciones administrativas

También debe diferenciarse el tipo y gravedad de la sanción.

Determinadas sanciones pecuniarias pueden tener carácter subordinado, mientras que las sanciones administrativas por infracciones muy graves y las multas penales pueden quedar fuera de la exoneración.

Además, algunas sanciones tributarias, de Seguridad Social o del orden social pueden afectar directamente a la posibilidad de acceder a la Segunda Oportunidad.

Derivaciones de responsabilidad

La existencia de una derivación de responsabilidad tampoco significa automáticamente que el deudor no pueda acceder a la exoneración.

Debe analizarse individualmente:

• el origen de la derivación;
• si la resolución es firme;
• la conducta atribuida al responsable;
• y su posible relación con las causas legales de exclusión.

Por tanto, clasificar una deuda y determinar si puede exonerarse son dos cuestiones relacionadas, pero diferentes.

¿Tener una sanción puede impedir acogerse a la Segunda Oportunidad?

En determinados casos, sí.

Cuando existen antecedentes relacionados con Hacienda o Seguridad Social conviene comprobar especialmente:

• condenas por determinados delitos;
• sanciones firmes por determinadas infracciones;
• acuerdos firmes de derivación de responsabilidad;
• anteriores procedimientos de exoneración;
• y cualquier circunstancia que pueda afectar a los requisitos legales exigidos al deudor.

Sin embargo, tener una deuda tributaria o con la Seguridad Social no impide por sí solo beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad.

¿Qué ocurre con la deuda pública que no se exonera?

La parte de la deuda pública que no haya sido exonerada continúa siendo exigible.

La resolución judicial debe permitir determinar:

• qué créditos han quedado exonerados;
• qué cantidades continúan pendientes;
• y frente a qué organismo sigue existiendo deuda.

La Administración conserva sus facultades de cobro respecto de las cantidades que continúen siendo legalmente exigibles.

Este aspecto resulta especialmente importante cuando la exoneración se articula mediante un plan de pagos.

Un plan económicamente viable debe tener en cuenta tanto las obligaciones que permanecerán después del procedimiento como los nuevos impuestos o cotizaciones que se generen.

¿La Ley de Segunda Oportunidad paraliza un embargo de Hacienda?

No necesariamente.

La preparación o presentación de una solicitud no supone, por sí sola, que cualquier procedimiento de apremio o embargo quede inmediatamente suspendido.

Los efectos sobre una ejecución administrativa dependerán, entre otros aspectos, de:

• si el concurso ya ha sido declarado;
• la fase del procedimiento;
• la naturaleza de los bienes afectados;
• y las normas concursales aplicables.

Cuando ya existe una diligencia de embargo o un procedimiento de recaudación en marcha, resulta especialmente importante coordinar la estrategia concursal desde el inicio.

Plan de pagos, liquidación o concurso sin masa

No todos los procedimientos de Segunda Oportunidad deben tramitarse de la misma forma.

La estrategia adecuada dependerá de los ingresos, el patrimonio, la deuda existente y los objetivos del deudor.

Exoneración mediante plan de pagos

Puede ser una alternativa cuando el deudor dispone de ingresos suficientes y pretende conservar determinados bienes.

El plan debe ser realista y tener en cuenta la parte de la deuda que seguirá siendo exigible.

Exoneración tras la liquidación

Cuando existen bienes realizables que no se pretende o no es posible conservar, la liquidación puede preceder a la solicitud de exoneración de las deudas restantes.

Concurso sin masa

Puede plantearse cuando el deudor carece de bienes embargables o cuando los existentes no presentan valor económico suficiente para justificar su realización.

Es importante recordar que la declaración de concurso sin masa no produce por sí sola la cancelación automática de las deudas. La exoneración debe solicitarse siguiendo el procedimiento previsto legalmente.

Si estás valorando iniciar el procedimiento, un abogado especializado en Ley de Segunda Oportunidad puede analizar previamente qué vía resulta más adecuada según tus deudas, ingresos y patrimonio.

¿Merece la pena la Segunda Oportunidad si no se cancela toda la deuda pública?

En muchos casos, sí.

La utilidad del procedimiento no debe medirse únicamente por el porcentaje de deuda con Hacienda o Seguridad Social que pueda cancelarse.

Lo realmente importante es comprobar cómo quedará la situación económica global del deudor después de la exoneración.

Por ejemplo, una persona podría conseguir:

• cancelar una cantidad elevada de préstamos y tarjetas;
• reducir parte de la deuda con Hacienda;
• exonerar determinados créditos subordinados;
• y mantener capacidad económica suficiente para atender la deuda que continúe pendiente.

En ese escenario, la Segunda Oportunidad puede permitir recuperar una situación financiera sostenible.

La conclusión puede ser diferente cuando prácticamente toda la deuda sea pública y no exonerable o cuando la cantidad que permanezca después del procedimiento siga siendo inasumible.

Documentación necesaria para estudiar la exoneración

Para calcular correctamente el posible resultado es recomendable disponer de documentación actualizada.

• Certificados de deuda de la AEAT.
• Certificados de deuda de la TGSS.
• Certificados de otros organismos públicos.
• Providencias de apremio.
• Diligencias de embargo.
• Resoluciones sancionadoras.
• Acuerdos de derivación de responsabilidad.
• Contratos y justificantes de las deudas privadas.
• Información sobre ingresos y gastos.
• Información sobre cargas familiares.
• Relación de bienes y derechos.
• Cargas y embargos existentes.
• Documentación fiscal.
• Información sobre la actividad profesional o empresarial.
• Antecedentes de anteriores concursos o exoneraciones.

Cuanto mayor sea el nivel de desglose de la deuda pública, más preciso podrá ser el cálculo.

Cómo analizar una Segunda Oportunidad cuando existe deuda pública

1. Obtener la deuda actualizada

El primer paso consiste en determinar exactamente cuánto reclama cada Administración.

2. Separar los distintos conceptos

Hay que diferenciar principal, intereses, recargos, sanciones y posibles derivaciones de responsabilidad.

3. Determinar la clasificación de los créditos

Después debe estudiarse qué cantidades son privilegiadas, ordinarias, subordinadas o se encuentran excluidas de la exoneración.

4. Comprobar posibles causas de exclusión

Deben revisarse especialmente las sanciones, antecedentes, derivaciones de responsabilidad y anteriores exoneraciones.

5. Analizar toda la situación económica

La deuda pública no debe estudiarse de forma aislada. También deben tenerse en cuenta:

• préstamos;
• créditos;
• tarjetas;
• deudas con proveedores;
• hipotecas;
• ingresos;
• gastos familiares;
• y patrimonio.

6. Comparar las distintas alternativas

Con toda la información disponible puede estudiarse si resulta más conveniente un plan de pagos, una liquidación o, cuando proceda, la tramitación de un concurso sin masa.

7. Identificar correctamente los créditos

La petición de exoneración debe concretar las deudas afectadas para evitar problemas posteriores.

8. Revisar la resolución judicial

Una vez obtenida la resolución, debe comprobarse qué cantidades han quedado efectivamente exoneradas y cuáles continúan siendo exigibles.

Errores frecuentes con las deudas de Hacienda y Seguridad Social

Pensar que siempre se cancelan 10.000 euros

No es correcto. La cantidad depende del importe y de la clasificación de la deuda.

Sumar Hacienda y Seguridad Social como si fueran un único acreedor

Son acreedores públicos diferentes y el cálculo debe realizarse separadamente.

Utilizar únicamente el saldo total

Un certificado que indica una deuda de 20.000 euros no permite saber por sí solo cuánto corresponde a principal, intereses, recargos o sanciones.

No declarar algún crédito

Omitir una deuda puede generar problemas respecto de su eventual exoneración y de la información que debe facilitarse en el procedimiento.

Utilizar certificados desactualizados

El importe de la deuda puede modificarse como consecuencia de intereses, recargos, pagos, compensaciones u otras actuaciones administrativas.

Ignorar las sanciones

Antes de iniciar el procedimiento debe comprobarse si existe alguna sanción que pueda afectar a la exoneración.

No estudiar una derivación de responsabilidad

Las derivaciones deben analizarse individualmente atendiendo a su origen y circunstancias.

Dar por hecho que cualquier embargo quedará paralizado

La existencia de un procedimiento concursal no significa que todas las ejecuciones administrativas se suspendan automáticamente desde el primer momento.

Preguntas frecuentes sobre Segunda Oportunidad y deuda pública

¿Se puede cancelar toda la deuda con Hacienda?

En determinados casos puede producirse una exoneración completa de la deuda analizada, pero no existe una cancelación total automática.

El resultado depende del importe, de la naturaleza de los créditos y de su clasificación.

Debo 10.000 euros a Hacienda, ¿cuánto podría cancelarse?

Si los 10.000 euros fueran íntegramente crédito privilegiado u ordinario, la exoneración orientativa sería de 7.500 euros.

Se exonerarían los primeros 5.000 euros y el 50 % de los 5.000 euros restantes.

El resultado podría variar si dentro de la deuda existen créditos subordinados u otros conceptos.

¿El límite se aplica una sola vez entre Hacienda y Seguridad Social?

No. El cálculo debe realizarse de forma independiente frente a cada acreedor público.

¿Se pueden cancelar los intereses y recargos?

Cuando tengan la consideración de créditos subordinados pueden estar sometidos a un régimen de exoneración más favorable. Debe comprobarse siempre la clasificación concreta de cada importe.

¿Una derivación de responsabilidad impide la Segunda Oportunidad?

No automáticamente. Es necesario estudiar su origen, firmeza y las circunstancias que motivaron la derivación.

¿Puedo solicitar la Segunda Oportunidad si Hacienda ya me está embargando?

La existencia de un embargo no impide necesariamente iniciar un procedimiento de Segunda Oportunidad.

Sus efectos sobre la ejecución dependerán de la situación concursal, de la fase del procedimiento y de los bienes afectados.

¿Se cancelan los nuevos impuestos que surjan durante el procedimiento?

No. Las nuevas obligaciones tributarias o de Seguridad Social que se generen deben atenderse con normalidad.

La clave no es solo cuánto debes, sino cómo está formada la deuda

Cuando existen deudas con Hacienda o Seguridad Social, fijarse únicamente en la cifra total puede llevar a conclusiones equivocadas.

Lo decisivo es determinar qué parte de la deuda corresponde a cada tipo de crédito y frente a qué Administración existe.

Solo después de realizar este análisis puede estimarse:

• cuánto podría quedar exonerado;
• cuánto continuaría pendiente;
• qué patrimonio podría verse afectado;
• y qué solución puede permitir recuperar una situación económica sostenible.

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En Barna Legal analizamos conjuntamente la deuda pública y privada para determinar cuál podría ser el resultado económico real de un procedimiento de Segunda Oportunidad.

El estudio puede incluir:

• revisión de las deudas con Hacienda, Seguridad Social y otros organismos públicos;
• desglose entre principal, intereses, recargos y sanciones;
• análisis de posibles derivaciones de responsabilidad;
• comprobación de las circunstancias que puedan afectar a la exoneración;
• análisis de ingresos, gastos y patrimonio;
• comparación de las distintas alternativas concursales;
• y cálculo orientativo de qué deuda podría exonerarse y qué cantidades continuarían pendientes.

¿Tienes deudas con Hacienda o Seguridad Social?

Antes de tomar una decisión, conviene saber cuál podría ser el resultado económico real del procedimiento.

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